Piden desde Cámara de Diputados un alto a la represión por caso
Cholula
CIUDAD DE MÉXICO.- El
Congreso de la Unión turnó a Comisiones un exhorto al gobernador de Puebla,
Rafael Moreno Valle para que se respete la integridad personal del presidente
municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, y le brinde la
protección necesaria, así como cesar las amenazas y el hostigamiento contra
luchadores sociales y ciudadanos por las constantes violaciones en materia de
derechos humanos.
En el punto de acuerdo presentado por el diputado federal Rodrigo
Abdala Dartigues y la coordinadora de la bancada del Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA), Rocío Nahle García, también se exhortó a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal en Puebla hacer público el
estado que guardan las quejas presentadas en contra del gobierno de la entidad
y en contra de luchadores sociales.
Dentro de los antecedentes se destacaron las amenazas que recibió el
presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, de
fincarle responsabilidad penal y llevarlo a prisión en caso de no detener sus
observaciones hacia la administración estatal, a través del secretario de
Gobierno, Diódoro Carrasco.
“En MORENA creemos que la libertad de expresión es un elemento
fundamental para la democracia y que la crítica en el ejercicio de gobierno
debe ser tolerada. Quien ejerza la función pública, debe tener en claro, que el
derecho de los ciudadanos para poder manifestarse y emitir opiniones sin
amenazas, es un derecho irrestricto, tal como lo establece la Declaración
Universal de los Derechos Humanos”.
Como se recordará, las amenazas se dieron luego de que el edil
cholulteca solicitó la entrega de los recursos que por ley le corresponden a
San Pedro Cholula por cerca de 40 millones de pesos, los cuales no han sido
entregados y ya casi finaliza el ejercicio de 2016.
Sobre el particular, en el punto de acuerdo turnado durante la sesión
de este martes los legisladores federales refirieron que en los últimos 5 años
y 10 meses de gobierno de Rafael Moreno Valle se ha perseguido y encarcelado a
presidentes de juntas auxiliares, presidentes municipales, líderes indígenas,
defensores del patrimonio arqueológico, campesinos, mototaxistas, transportistas,
representantes de comerciantes y tianguistas, sindicalistas e incluso personas
de la tercera edad.
“Cualquier manifestación opositora a los proyectos morenovallistas ha
sido hostil y sofocada con toletes, gases lacrimógenos y balas de goma, aunada a
la fabricación artificial de pruebas en contra de los manifestantes”.
El punto de acuerdo se turnó a comisiones para su consideración, y en
su caso, posterior aprobación.
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